Introducción
Las recientes y extendidas movilizaciones del profesorado en regiones como el País Valencià, Catalunya, la Comunidad de Madrid y Aragón, lejos de ser incidentes aislados, revelan la cristalización de un deterioro acumulado en el sistema de educación pública. Esta lectura, formulada por el sociólogo y arquitecto Borja de Madaria, profesor asociado en el Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València, apunta a que el equilibrio de un pilar fundamental de la sociedad ha sido comprometido. De Madaria, coordinador de la investigación ‘El mapa escolar de València’ y coautor en el proyecto ‘La reproducción de las desigualdades sociales en el sistema educativo’, sostiene una perspectiva crítica: el modelo educativo no atraviesa una crisis espontánea, sino que se ha inducido a una situación de colapso de manera deliberada. Su análisis, conciso y directo, evoca la imagen de «haber puesto a la zorra a cuidar del gallinero y nos ha robado las gallinas», una metáfora que encapsula la erosión de los recursos y la misión intrínseca de la escuela pública.
Cuerpo
La oleada de protestas, que ha llevado a los docentes a las calles en diversas comunidades autónomas, es la manifestación de una degradación prolongada y multifacética. De Madaria interpreta estas huelgas como la evidencia del desequilibrio que ha permeado el sistema educativo a lo largo de los años. No se trata, a su juicio, de una disfunción inherente al modelo, sino de una situación de crisis que ha sido diseñada. Esta perspectiva desafía la narrativa de problemas coyunturales, proponiendo en cambio una visión de desgaste planificado, donde la metáfora del «gallinero» se convierte en la escuela pública, y la «zorra», en las políticas o intereses que socavan su integridad.
Las denuncias sindicales, que giran en torno a las ratios elevadas, la falta de recursos y un exceso de burocracia, encuentran eco directo en las conclusiones de investigaciones sociológicas como las de De Madaria. El incremento de las tareas administrativas y de gestión es una constante observada en múltiples profesiones, trascendiendo el ámbito educativo. Sin embargo, en la escuela, este fenómeno se agrava por la escasez de profesionales de apoyo y de medios adecuados para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales. Esta carencia impacta directamente en el ambiente del aula y en la viabilidad de desarrollar una enseñanza de calidad, elevando la complejidad del trabajo docente de forma desproporcionada.
Un factor crítico en la reproducción de desigualdades es la distribución asimétrica del alumnado con necesidades específicas. La escuela pública es, por diseño o circunstancia, la que asume una mayor proporción de este alumnado, en contraste con la escuela concertada, donde se observan mecanismos que mitigan su presencia. Esta disparidad carga a la educación pública con una complejidad operativa y una demanda de recursos superior, tensionando su capacidad y mermando su efectividad. La combinación de elevadas ratios, personal insuficiente y una mayor diversidad de necesidades educativas genera un entorno donde la labor del profesorado se vuelve considerablemente más ardua, repercutiendo directamente en la calidad del proceso formativo.
La precarización del profesorado emerge como una consecuencia y, a su vez, una causa de la reproducción de desigualdades en el ámbito escolar. Un cuerpo docente sobrecargado, con recursos limitados y en un entorno de creciente burocracia, ve mermada su capacidad para atender las complejidades del aula. Esta situación no solo afecta la calidad de la enseñanza sino que contribuye a un ciclo donde las escuelas públicas, al tener que gestionar mayores desafíos con menos apoyo, son más propensas a perpetuar las disparidades socioeconómicas entre el alumnado. La demanda de «dignificar la profesión docente» se convierte así en un pilar fundamental para la sostenibilidad y equidad del sistema educativo en su conjunto, un aspecto central en el actual debate sobre las condiciones laborales y salariales, como se ha visto en discusiones que recuerdan a el órdago de educación: cuando la subida salarial se convierte en arma de negociación.
En el epicentro del debate se encuentra la noción de «libertad de elección de centro». De Madaria desmantela esta premisa, exponiendo cómo su implementación puede ser un motor de segregación escolar, más que una herramienta de autonomía. Este concepto, presentado a menudo como un derecho fundamental de las familias, actúa como un velo para políticas que reconfiguran el mapa educativo, favoreciendo ciertos modelos y, en última instancia, acentuando las divisiones sociales y económicas dentro del sistema escolar. La elección de centro no opera en un vacío, sino en un contexto de oferta y demanda que puede ser manipulado para concentrar recursos y alumnos en centros específicos, dejando a otros con mayores desafíos y menos apoyo.
La educación, en este contexto, se convierte en un terreno de disputa política, un campo de batalla donde se dirime el modelo de escuela y, por extensión, el de sociedad que se busca construir. Las movilizaciones actuales no son solo una demanda por mejores condiciones laborales o más recursos; son un cuestionamiento profundo a la dirección estratégica que la educación pública ha tomado. La visión de De Madaria subraya que detrás de las estadísticas de rendimiento o las quejas sobre infraestructuras, se libra una batalla ideológica sobre el rol del Estado, la equidad social y el futuro de las generaciones más jóvenes.
La crisis de la educación pública, tal como la describe Borja de Madaria, no es un fenómeno accidental. Se inserta en un patrón más amplio de desafíos a los servicios públicos, donde la optimización de recursos y la eficiencia a menudo se contraponen con la equidad y el acceso universal. La segregación escolar resultante de mecanismos como la «libertad de elección» no solo reproduce desigualdades, sino que las institucionaliza, generando un sistema donde el punto de partida de un estudiante determina de manera significativa sus oportunidades futuras. Este escenario plantea interrogantes sobre la cohesión social y la capacidad de la sociedad para garantizar un futuro equitativo para todos sus ciudadanos, eco de cómo las redefiniciones electorales en Ávila pueden ser un barómetro de la demografía y la logística democrática regional, reflejando tensiones similares en la distribución de recursos y el impacto en el ciudadano.
Conclusión
El análisis de Borja de Madaria ofrece una visión estratégica de la crisis actual de la educación pública. Las huelgas y movilizaciones docentes son el síntoma visible de una estrategia de degradación sistémica que ha llevado a la escuela pública a un punto de inflexión. Las implicaciones estratégicas son profundas: la erosión de recursos, el incremento de la burocracia, la falta de personal especializado y la precarización del profesorado no son meras ineficiencias, sino componentes de un proceso que, intencionadamente o no, conduce a la reproducción y acentuación de las desigualdades sociales. La llamada «libertad de elección de centro» emerge como un instrumento clave en esta dinámica, favoreciendo la segregación y consolidando modelos educativos que priorizan la competencia sobre la equidad. La disputa en el sector educativo trasciende lo pedagógico para adentrarse en la definición de la sociedad que se desea construir, con la escuela pública como el epicentro de esta batalla fundamental por la equidad y la cohesión social. La atención a estas movilizaciones y a los argumentos de expertos como De Madaria es crucial para entender la magnitud del desafío y la urgencia de reorientar las políticas educativas hacia un modelo que verdaderamente sirva al interés público y garantice oportunidades equitativas para todos.
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