El próximo 8 de septiembre se harán públicos los resultados del informe PISA correspondiente a la última edición de esta evaluación educativa, reconocida internacionalmente como el baremo más influyente para medir las competencias académicas del alumnado de 15 años. La prueba, patrocinada por la OCDE y en la que han participado más de 90 países, se desarrolló entre los meses de marzo y mayo del año pasado, evaluando a estudiantes nacidos en 2009 en cinco áreas fundamentales: ciencias, lectura, matemáticas, una lengua extranjera y una materia denominada «aprendiendo en un mundo digital». Sin embargo, mientras la comunidad educativa internacional aguarda estos resultados con expectación, Euskadi arranca el curso con una sombra de interrogantes sobrevolando sus datos.
La muestravasca en esta ocasión ha quedado compuesta por apenas 2.310 alumnos procedentes de 56 centros escolares. Se trata de una reducción sin precedentes en la historia de la participación del País Vasco en el Programme for International Student Assessment. Desde que la comunidad autónoma se incorporó a la evaluación en el año 2003, nunca antes se había registrado una participación tan exigua. Las cifras históricas muestran una horquilla que oscilaba entre los 3.605 y los 4.768 estudiantes, con un número de colegios que fluctuaba entre un mínimo de 97 centros en la edición de 2022 y un máximo de 177 en la de 2009. Los 56 colegios actuales representan apenas un tercio de aquellos 177 establecimientos que componían la muestra hace apenas quince años.
La drástica reducción ha generado inquietud en los círculos educativos vascos, donde se teme que una muestra tan pequeña pueda comprometer la representatividad estadística de los resultados. Habitualmente, las muestras ampliadas como la que tradicionalmente manejaba el País Vasco permitían obtener conclusiones fiables sobre el rendimiento del alumnado y establecer comparativas con otras comunidades autónomas y países participantes. Con apenas 56 centros educativos, la capacidad de extrapolación de los datos queda inevitablemente limitada.
Los Presupuestos contradicen la realidad ejecutada y el Departamento de Educación guarda silencio
La situación resulta aún más llamativa al analizar los documentos presupuestarios del Gobierno vasco. Los Presupuestos de 2025 contemplaban expresamente una partida de 295.000 euros destinada a la organización de la prueba PISA en el territorio histórico. En dichos documentos se especificaba que la muestra estaría compuesta por 100 centros educativos y un mínimo de 3.000 alumnos, cifras que mantenían la línea de ediciones anteriores y garantizaban la representatividad estadística necesaria. Sin embargo, la ejecución presupuestaria final ha revelado una realidad bien distinta: los 56 centros y 2.310 estudiantes finalmente examinados representan una reducción cercana al 40% respecto a lo planificado inicialmente.
En un documento interno al que ha tenido acceso este medio, el Ejecutivo autonómico justifica la modificación indicando que «se decidió no ampliar la muestra como en anteriores ediciones y ceñirnos al mínimo requerido». Esta explicación, sin embargo, no despeja las dudas sobre los motivos reales que han conducido a una reducción tan significativa. Las preguntas formuladas al Departamento de Educación del Gobierno vasco sobre las causas de esta decisión no han obtenido respuesta hasta el momento de cierre de esta edición, alimentando la incertidumbre sobre las verdaderas razones detrás del recorte.
La reducción de la muestra no solo afecta a la representatividad de los resultados, sino que también plantea interrogantes sobre la voluntad del Gobierno vasco de mantener su tradicional compromiso con la transparencia educativa. Durante años, el País Vasco ha presumido de ocupar posiciones destacadas en el ranking internacional de PISA, unos resultados que han servido como argumento en debates sobre políticas educativas y como indicador del buen hacer del sistema formativo vasco. Una participación mermada podría interpretarse, según certains sectores, como un intento de sortear un posible nuevo varapalo en los indicadores educativos.
El contexto estatal: Cataluña fuera de la prueba y tensiones en la educación pública
El caso vasco no es único en el panorama educativo español. Cataluña se ha quedado completamente fuera de la última edición de PISA tras experimentar lo que fuentes del sector califican como «un fiasco sin precedentes» con la muestra de estudiantes. Esta ausencia de la segunda comunidad más poblada de España privará al informe de datos fundamentales sobre una parte significativa del sistema educativo español.
Las tensiones en el sector educativo no se limitan al ámbito de las evaluaciones internacionales. En Madrid, más de ocho millones de escolares han iniciado el curso académico en un contexto marcado por la sombra de una histórica huelga indefinida en la educación pública. Los sindicatos del sector han intensificado sus acciones ante lo que consideran inacción de la Comunidad de Madrid frente a sus reivindicaciones laborales y educativas. Esta ситуаación refleja un clima de conflitividad que atraviesa buena parte del sistema educativo español y que sitúa a las administraciones autonómicas ante el reto de conciliar la calidad educativa con las demandas de los profesionales del sector.
Paralelamente, el Gobierno Vasco ha lanzado el programa Hezigiro para adaptar los centros escolares al calor extremo, una iniciativa que contempla la instalación de toldos, sistemas de ventilación y elementos de sombra en los patios educativos. Esta medida, enfocada a mitigar los efectos del cambio climático sobre el alumnado, se suma a las múltiples frentes que las administraciones educativas deben gestionar simultáneamente.
En este contexto de complejidad creciente, la reducción de la muestra vasca en PISA adquiere ribetes. Si los resultados que se publik el 8 de septiembre muestran un deterioro respecto a ediciones anteriores, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu podría encontrarse en una posición incómoda para defender su gestión educativa. La decisión de ceñirse al mínimo requerido en la participación, sin justificación pública aparente, alimenta las sospechas de quienes señalan que el Gobierno autonómico podría estar intentando minimizar el impacto de unos datos que algunos anticipan como desfavorables.
El propio informe PISA ha evolucionado con los años para incluir competencias cada vez más complejas y relevantes para la sociedad contemporánea. La incorporación de materias como «aprendiendo en un mundo digital» o la evaluación de lenguas extranjeras refleja la adaptación del programa a las demandas de un mundo globalizado. Que Euskadi haya decidido participar con la muestra más pequeña de su historia en un momento de tales transformaciones representa, cuanto menos, una decisión cuestionable desde el punto de vista de la transparencia informativa y el compromiso con la comunidad educativa.
