
La tensión en las aulas madrileñas no impide que la actividad académica continúe. Ante la convocatoria de huelga indefinia por parte de algunos sindicatos del sector educativo público, la consejera de Educación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Mercedes Zarzalejo, ha enviado una carta abierta a los docentes de la comunidad para aclarar dudas, transmitir su «respeto y agradecimiento» y sentar un principio claro: las clases deben impartirse con normalidad. En su intervención, la titular del departamento regional subraya el equilibrio necesario entre el derecho fundamental a la huelga y el derecho al trabajo del personal que no la secunde, así como el derecho a la educación de los alumnos.
Diálogo sindical y cumplimiento del Acuerdo Sectorial
Zarzalejo parte de una premisa fundamental: la administración regional «nunca ha dejado de dialogar y trabajar en acuerdos con los sindicatos». La consejera recuerda de manera explícita el Acuerdo Sectorial del 4 de abril de 2025, suscrito por las organizaciones sindicales CCOO, ANPE, CSIF y UGT, un pacto que sigue vigente hasta 2028 y que, en su palabras, se está cumpliendo en todos sus términos gracias a una mesa de seguimiento, un calendario de aplicación y una financiación garantizada.
La dirige un mensaje de apertura para seguir negociando, incluso en un contexto de conflicto. Explica que las reuniones en la Mesa Sectorial continúan para alcanzar mejoras reales, como el desarrollo de la carrera horizontal docente, un complemento retributivo adicional que figura como una de las demandas pendientes y prioritarias para el profesorado. Para profundizar en el pulso entre el sindicalismo y la consejería, se puede consultar el análisis detallado en La Educación Pública Madrileña en Huelga Indefinida: Un Pulso a la Administración Regional.
Normalidad académica: el derecho a la clase y al trabajo
Una de las dudas más frecuentes entre el profesorado en días de huelga es si se pueden y se deben avanzar los temarios. La respuesta de Zarzalejo es contundente: «desde luego» que sí. La consejera defiende que, mientras no se desconvoque la huelga indefinida, la actividad lectiva debe proseguir bajo los principios de legalidad y garantía de los derechos fundamentales.
Establece una línea roja muy clara para el personal docente: todo profesor que acuda a su centro en su horario habitual y que no manifieste expresamente a la dirección del centro que está ejerciendo su derecho a la huelga, estará obligado a dar sus clases con normalidad. Esta medida busca proteger el derecho a la educación de los alumnos y el derecho al trabajo de la gran mayoría del personal que no apoya la huelga. La administración regional también quiere mirar al futuro estabilidad del personal docente, como refleja la convocatoria de 805 plazas para las oposiciones de Secundaria del próximo año, reforzando el compromiso con un sistema educativo sólido y permanente.
El papel del personal en servicios mínimos y la custodia
La carta también detalla cómo deben actuar los miembros del personal que presten servicios mínimos. Su función se limita a una labor asistencial y de custodia, encaminada a garantizar la seguridad de los alumnos, su permanencia en el centro y la vigilancia. Su obligación con grupos de otros profesores se restringe estrictamente a las tareas fijadas en las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento (NOCF) del centro.
No obstante, Zarzalejo aclara un punto crucial que ha generated confusión: si a un docente en servicios mínimos se le asignan para su custodia sus alumnos habituales, este tiene pleno derecho a avanzar con su programación académica y a impartir sus clases habituales. De este modo, la administración intenta conciliar la necesidad de mantener un servicio público esencial con la voluntad de no paralizar totalmente la labor pedagógica.
La misiva de la consejera de Educación de Madrid supone un intento de desescalada informativa y de clarificación de roles en medio de un conflicto social complejo. Al marcar la vía para que las aulas no dejen de funcionar, el Gobierno regional busca preservar la estabilidad del curso académico y proteger los derechos de la comunidad escolar. El diálogo sigue siendo la herramienta oficial, pero la consecutividad de las clases se presenta como un pilar no negociable mientras la huelga esté en vigor.



