Una crisis institucional en el sistema sanitario de Castilla-La Mancha estalla en la localidad de Almansa, donde el coordinador médico y la supervisora de enfermería del Centro de Salud han presentado su dimisión en protesta por presiones ejercidas para falsear los tiempos de espera de los pacientes. La situación, que ha sido calificada por el Partido Popular como una «manipulación ética» de la gestión sanitaria regional, pone de manifiesto un desgaste institucional que trasciende el ámbito local y que amenaza la credibilidad del propio Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).
Los profesionales, cuyas identidades no han sido reveladas públicamente, decidieron abandonar sus cargos tras encontrarse en una posición insostenible: cumplir con directivas que exigían reducir artificialmente los plazos de espera para cirugías y consultas, o violar su código de ética médica. Según fuentes cercanas al caso, las presiones provenían directamente del área de gestión del hospital de Almansa, cuyo gerente habría instado a reclasificar casos urgentes como no urgentes, o a reordenar listas de espera para presentar cifras más favorables en los informes trimestrales enviados a la dirección regional.
Una gestión «nefasta» que deja a 400 pacientes en espera quirúrgica
El portavoz sanitario del Grupo Parlamentario Popular, Juan Antonio Moreno Moya, ha calificado la dimisión de los dos profesionales como un acto de «conciente defensa de los pacientes», en un contexto donde la sanidad almansense enfrenta una doble crisis: la pérdida de la Unidad de Cuidados Intensivos y la escasez de especialistas que han dejado a la espera a 398 personas para procedimientos quirúrgicos. «La actitud de estos profesionales denuncia una gestión que prioriza apariencias sobre atención real», afirmó Moreno, quien acusó directamente al gobierno de Emiliano García-Page de «imponer tiempos insuficientes que no garantizan la calidad asistencial».
La crisis en Almansa no es aislada. En los últimos meses, el hospital ha reportado una reducción del 40% en su plantilla de especialistas, mientras que la lista de espera quirúrgica ha crecido en un 65% desde el inicio del año. La dimisión de los profesionales, que ocurrió de forma simultánea y sin preaviso, ha generado un vacío operativo que el Sescam aún no ha sabido cubrir, lo que ha derivado en la cancelación de 120 citas programadas para la próxima semana.
Desde el ayuntamiento de Almansa, el portavoz del PP local, Javier Sánchez Roselló, ha descrito el episodio como un «antes y después» en la sanidad de la comarca. «Son los propios profesionales los que dicen basta al deterioro de la calidad asistencial», declaró Sánchez, quien exigió una auditoría independiente para verificar si las presiones ejercidas constituyen una violación del deber profesional establecido en el Código Deontológico del médico español.
Reacciones institucionales y demanda de responsabilidades
La respuesta del gobierno regional ha sido tibia. La consejera de Sanidad, María Luisa Martín, emitió un comunicado en el que afirmó que «la dirección del Sescam valora el compromiso ético de los profesionales» y anunció la apertura de una «investigación administrativa» para determinar si hubo irregularidades en la gestión de listas de espera. Sin embargo, no ha anunciado medidas concretas ni sanciones, algo que ha sido criticado por la oposición como una «reacción tardía y evasiva».
El PP ha presentado una moción urgente en las Cortes de Castilla-La Mancha para exigir la remoción del gerente del Área de Salud de Almansa y la contratación inmediata de 15 nuevos profesionales. Además, Moreno ha propuesto la creación de un comité de ética independiente que supervise los informes de gestión sanitaria, evitando que los datos clínicos sean manipulados para fines políticos o administrativos.
El caso ha generado reverberaciones en otras comunidades. En Madrid, el debate sobre la externalización de servicios sanitarios ha cobrado nueva relevancia, especialmente después de que se revelara que ecografías del Hospital La Paz fueron subcontratadas a clínicas con vínculos políticos. Mientras, en Castilla y León, el gobierno regional ha destacado su política de contención de externalizaciones, manteniendo la segunda menor tasa de ingresos hospitalarios en centros privados de toda España, un contraste que no ha pasado desapercibido para los analistas.
Los vecinos de Almansa, por su parte, han expresado su preocupación en redes sociales, donde hashtags como #JusticiaSanitariaAlmansa han acumulado más de 15.000 publicaciones. «No entendemos por qué se juega con la salud de la gente», escribió una usuaria en Twitter. La presión ciudadana ha llevado a que asociaciones de pacientes presenten una querella colectiva ante el juzgado de instrucción número 3 de Albacete, acusando a los responsables de «prevaricación administrativa» y «negligencia grave» en el ejercicio de funciones públicas.
Mientras las investigaciones avanzan, el vacío dejado por la dimisión de los profesionales sigue sin resolverse. El Sescam ha anunciado la contratación temporal de dos médicos de atención primaria, pero no ha especificado cuándo se cubrirán las plazas de coordinación y supervisión. La tensión en el Centro de Salud de Almansa permanece viva, y con ella, la pregunta que nadie quiere responder: ¿cuántos más profesionales deberán dimitir antes de que se reconstruya la confianza en el sistema sanitario regional?
La crisis de externalización en la sanidad madrileña y el plan del PP para la sanidad rural se erigen como posibles modelos de referencia en un debate que trasciende fronteras comunitarias.
