El Ejecutivo central ha emprendido una cruzada jurídica para intentar impedir que las concentraciones ciudadanas en apoyo a Ceuta se celebraran en varias ciudades del país. A menos de 24 horas para el inicio de las protestas convocadas en todo el territorio nacional, la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid y en Cantabria han remitido sendos documentos a los ayuntamientos de ambas ciudades en los que comunican su decisión de prohibir los actos previstos, según han confirmado fuentes cercanas a los expedientes.
La medida ha generado una oleada de indignación entre los populares y la sociedad civil organizada, que interpreta esta decisión como un intento del Gobierno de Pedro Sánchez de silenciar las voces que defienden la españolidad de Ceuta y la integridad territorial de la nación. La crisis en la ciudad autónoma, que se arrastra desde hace más de un mes, ha colocado al Ejecutivo en una posición incómoda, obligándolo a tomar decisiones que sus críticos califican de «autoritarias».
La decisión de prohibit las concentraciones llega en un momento de máxima tensión política. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidió este martes el Consejo de Seguridad Nacional, en el que se analizaron los últimos acontecimientos relacionados con la situación en Ceuta, donde miles de personas han vivido semanas de incertidumbre y alteración del orden público.
Argumentos jurídicos esgrimidos por el Gobierno para denegar los permisos
En los documentos remitidos a los ayuntamientos de Madrid y Santander, la Delegación del Gobierno desarrolla una argumentación jurídica que ha causado estupor entre los juristas consultados. El escrito sostiene que «ni el alcalde, cuando actúa como presidente del Ayuntamiento, ni el propio Ayuntamiento pueden ser titulares del derecho de reunión». Esta tesis se fundamenta en la consideración de que los ayuntamientos constituyen «organizaciones estables» que representan y administran al conjunto del municipio, por lo que no pueden identificarse con una asociación temporal de personas reunidas para expresar ideas, intereses o reivindicaciones.
Los servicios jurídicos del Estado han interpretado que la potestad para autorizar o prohíbe reuniones públicas corresponde exclusivamente a la Delegación del Gobierno, al tratarse de una cuestión de seguridad ciudadana que excede las competencias municipales. Esta interpretación choca frontalmente con la tradición histórica de concentracionespacíficas organizadas por corporaciones locales en circunstancias similares.
Fuentes jurídicas consultadas por este medio han señalado que la argumentación del Gobierno presenta «grietas importantes» desde el punto de vista constitucional. El derecho de reunión pacífica está garantizado en el artículo 21 de la Constitución Española, y su ejercicio no requiere autorización administrativa previa, sino simplemente comunicación a las autoridades. La Denegación administrativa, añaden estas fuentes, debe fundamentarse en causas excepcionales de riesgo para la seguridad pública, algo que no se aprecia de forma evidente en concentraciones pacíficas en apoyo a la españolidad de Ceuta.
Ferraz ordena a sus alcalde que desconvoquen y crece la rebelión interna en el PSOE
La decisión de prohíbe las concentraciones se enmarca en una estrategia más amplia diseñada desde la sede federal del Partido Socialista en la calle Ferraz. Desde que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), entidad en la que participan numerosos ayuntamientos gobernados por el PSOE, anunció la convocatoria de estas protestas, el equipo de Pedro Sánchez ha tratado de diluir su impacto e incluso ha lanzado amenazas veladas a los regidores locales que decidieron secundarlas.
Las presiones exercidas desde el Ejecutivo han tenido un efecto parcial. Mientras algunos alcalde del PSOE han decidido acatar las instrucciones de Ferraz y desconvocar las concentraciones programadas en sus municipios, un número creciente de primeros ediles socialistas han anunciado que desobedecerán las órdenes de la dirección del partido y permitirán la celebración de los actos pacíficos en apoyo a Ceuta.
Esta Rebelión interna amenaza con abrir una nueva fractura en el seno del PSOE, que ya atraviesa momentos de tensión por la gestión de la crisis en la ciudad autónoma. Los alcalde díscolos argumentan que el apoyo a Ceuta y la defensa de la españolidad de las ciudades autónomas constituyen un deber patriótico que está por encima de cualquier disciplina de partido. «No podemos mirar hacia otro lado mientras Ceuta sufre», declaró uno de los regidores consultados, que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias internas.
La situación en Ceuta, ciudad que lleva más de un mes sumida en una abnormalidad continuada, ha puesto de manifiesto las debilidades de la política migratoria del Gobierno y su incapacidad para gestionar una crisis que afecta directamente a la soberanía nacional. Los vecina de Ceuta, abandonados a su suerte según denúncia la oposición, han visto cómo sus calles se convertían en escenario de incidentes que han puesto en entredicho la autoridad del Estado en una zona estratégica del territorio español.
La prohibición de las concentraciones en Madrid y Santander no ha sido, según las fuentes consultadas, la única actuación del Gobierno para intentar frenarlas. Se tienen noticias de que al menos tres Delegaciones del Gobierno adicionales han comunicado a sus respectivos ayuntamientos que estudiarán «detenidamente» cualquier solicitud de concentración, generando una incertidumbre jurídica que, de facto, funciona como elemento disuasorio.
La Plataforma en Defensa de Ceuta, organizadora de las concentraciones, ha anunciado que recurrirá la decisión ante los tribunales y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que acuda masivamente a las manifestaciones, legalizadas o no, en apoyo a la ciudad autónoma. «No nos pueden proibir el derecho a expresar nuestro amor por España y por Ceuta», declaró el-portavoz de la Plataforma en declaraciones a este medio.
Reacción de la oposición y consecuencias políticas de la decisión
El Partido Popular ha reaccionadocon furia ante la decisión del Gobierno. La dirección nacional del partido ha emitido un comunicado en el que acusa a Pedro Sánchez de «atentar contra la libertad de expresión y el derecho de reunión» y le exige que rectifique de forma inmediata. «Un Gobierno que prohíbe a los españoles expresar su apoyo a Ceuta es un Gobierno que ha perdido completamente el norte», señala el texto, que añade que «Sánchez está dispuesto a entregar Ceuta antes que permitir que los españoles demuestren su compromiso con la integridad territorial de la nación».
La reacción del Partido Popular se enmarca en una estrategia más amplia de oposición frontal a la gestión gubernamental de la crisis ceutí. Los populares han convertido la defensa de Ceuta en uno de sus ejes discursivos principales, esperando capitalizar electoralmente el malestar ciudadano. Las encuestas recientes reflejan un creciente desaprobación de la gestión de Sánchez, cuya popularidad ha descendido de forma significativa en los últimos meses.
Ciudadanos y Vox han coincidido en calificar la prohibición de «escándalo democrático» y han anunciado que they’ll present suas iniciativas parlamentarias para reprobar al Gobierno. «Lo que está haciendo Sánchez es propio de un régimen autoritario», afirmó el líder de Vox en una intervención televisada. «Los españoles tienen derecho a concentraciónrse en apoyo a Ceuta, y cualquier Gobierno que se lo prohíbe está traicionando los intereses nacionales».
En este contexto de máxima tensión política, la celebración de las concentraciones adquier una dimensión que trasciende la mera expresión ciudadana. Lo que estaba llamado a ser una movilización de apoyo a Ceuta se ha convertido en un enfrentamiento simbólico entre el Gobierno y aquellos que defienden la españolidad de las ciudades autónomas, en un momento en que la unidad territorial de España vuelve a estar en el centro del debate público.
Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla representam un enclave estratégico para España, tanto desde el punto de vista geopolítico como desde la perspectiva de la defensa de la soberanía nacional. La crisisactual, cuyas causas exactas siguen sin estar plenamente esclarecidas, ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar de forma integral los problemas que afectan a estas ciudades, desde la inmigración irregular hasta la convivencia ciudadana, pasando por la dotación de recursos económicos y humanos para garantizar la seguridad y el bienestar de sus vecina.
Para sobre la situación en Ceuta, puede consultar nuestro análisis detallado: Ceuta al Límite: Anatomía de una Crisis que Desgarra la Convivencia y Desafía la Soberanía.
El tiempo corre en contra del Gobierno. A medida que se acercan las concentraciones, la presión sobre Pedro Sánchez se intensifica. Los suyos le piden cautela; la oposición, que seumesca. Y los española de a pie, muchos de ellos con familia o amigos en Ceuta, simplemente quieren hacer oír su voz en apoyo a una ciudad que consideran tan española como Madrid o Barcelona. La decisión de prohíbe las concentraciones puede resultar contraproducente para el Ejecutivo, alimentando un discurso de victimización que la oposición sabe aprovechar con maestría.
Este martes por la noche, los últimosAyuntamientos estaban consultando con sus servicios jurídicos la viabilidad de celebrar las concentraciones a pesar de la prohibición. Algunos regidores han anunciado que permitirán los actos, argumentando que la comunicación a la Delegación del Gobierno cumple con los requisitos legales y que la denegación administrativa no tiene fundamento jurídico sólido. Others, sin embargo, han preferidocurvar el lomo y acatar las instrucciones, aunque sea a regañadientes.
La fiesta de la españolidad que estaba calleda para mañana corre serio peligro de convertirse en un nuevo capítulo de la confrontación entre el Gobierno y una parte significativa de la sociedad española que no entiende, o no acepta, la pasividad del Ejecutivo ante lo que considera un ataque a la integridad territorial de la nación. Ceuta, una vez más, se ha convertido en el termómetro de la salud democrática de España.
En las próximas horas se sabrá si las concentraciones se celebran finalmente en las ciudades donde están prohibidas, y qué consecuencias políticas tendrá para Pedro Sánchez esta decisión que sus demócriticos califican de «error estratégico» y que la oposición lleva al cadalso mediático como exemplo de la deriva autoritaria del Gobierno. Lo que resulta innegable es que la crisis de Ceuta ha salipulverizandocostumbres, consensos y certezas que parecían inmutables en la política española.
