La crisis abierta en Ceuta hace más de un mes a raíz de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos ha desbordado este miércoles 2 de septiembre el ámbito territorial ceutí y se ha instalado con fuerza en la agenda política nacional. La coincidencia con el Día de Ceuta, la festividad local de la ciudad autónoma, ha actuado como catalizador de un profundo malestar social que se ha traducido en concentraciones en más de 260 municipios españoles, con Madrid, Murcia, Sevilla, Valencia, Zaragoza y decenas de capitales de provincia como principales escenarios de una protesta que, bajo la apariencia de respaldo a los ceutíes, ha funcionado como un sonoro reproche a la gestión del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez.
Las convocatorias, articuladas en buena parte a través de la Federación de Municipios y Provincias y de plataformas ciudadanas, han reunido a varios miles de personas en puntos neurálgicos del país, con la Puerta del Sol y la glorieta de España en Murcia como dos de los focos visuales más impactantes de la jornada. El seguimiento masivo confirma que lo ocurrido en la frontera ceutí el pasado mes de julio ha dejado de ser un asunto local para convertirse en una cuestión de Estado que interpela directamente al Gobierno central, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la diplomacia española con Marruecos.
El ambiente en las concentraciones ha estado marcado por consignas como «España, unida, jamás será vencida», «Ceuta aguanta, Madrid se levanta» o «Invasores, expulsión», junto con peticiones expresas de dimisión del presidente del Gobierno y duros insultos hacia su figura. La simbología patriótica ha sido protagonista: banderas españolas, enseñas ceutíes, camisetas de la selección nacional de fútbol y, en algunos puntos, pancartas con lemas como «Jaque a la seguridad nacional» o «Sánchez dimisión». El acto en Murcia se inició con el izado de las banderas española y ceutí al son del himno nacional, tras la interpretación del himno de Ceuta y la proyección de un vídeo institucional sobre la ciudad autónoma, en una ceremonia cargada de emoción a la que se sumó una multitud ondeando la enseña nacional.
La convocatoria de la embajadora de Marruecos y la pregunta sin respuesta
Uno de los ejes que ha centrado el debate político en las últimas semanas es la ausencia de un gesto diplomático firme hacia Rabat. En términos protocolarios, la convocatoria de un embajador extranjero constituye el mecanismo habitual para que el Ministerio de Asuntos Exteriores traslade disconformidad, solicite explicaciones o comunique un serio malestar a un país tercero por un hecho concreto. En el caso de la crisis de Ceuta, esa pantalla se habría superado hace tiempo según la práctica diplomática habitual: miles de personas entraron de forma irregular en territorio español, agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado resultaron heridos y la integridad de la frontera sur de la Unión Europea quedó en entredicho durante horas. Sin embargo, el Gobierno no ha procedido a llamar a consultas a la embajadora de Marruecos en Madrid, una decisión que la oposición y numerosos ayuntamientos han interpretado como un signo de debilidad o, cuanto menos, de tibieza ante lo que califican como una provocación organizada por el reino alauita.
La situación se ha visto agravada esta misma semana por nuevos episodios de violencia asociados a las mafias que operan en el litoral murciano. Tres agentes de la Guardia Civil resultaron heridos en Águilas cuando interceptaban una narcolancha con dos ocupantes, que fueron finalmente detenidos. El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, aprovechó este suceso para denunciar públicamente la falta de medios con los que cuenta el Instituto Armado en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. «Se juegan la vida desprotegidos ante la inacción del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno», escribió en su perfil de la red social X, donde preguntó directamente: «¿Qué más tiene que pasar para que el Gobierno de España dote a la Guardia Civil de los medios necesarios para combatir a las mafias con seguridad y garantías?»
Una crisis que sigue abierta: 1.500 menores ydevoluciones pendientes
Mientras las calles españolas se llenaban de banderas y consignas, la realidad en Ceuta continuaba exigiendo respuestas urgentes. Según los datos facilitados por el propio Gobierno, alrededor de 1.500 menores migrantes permanecen todavía en la ciudad autónoma, lo que mantiene bajo una enorme presión los recursos de acogida, sanitarios, educativos y de seguridad. La cuestión de las devoluciones a Marruecos, los criterios aplicados para distinguir entre perfiles especialmente vulnerables y adultos en situación irregular, así como la coordinación con el reino alauita para los traslados, siguen sin resolverse de manera satisfactoria para las autoridades ceutíes y para buena parte de la clase política autonómica y municipal.
El Ejecutivo central ha defendido en las últimas semanas la legalidad de su actuación y ha subrayado que la crisis fue contenida en un plazo razonablemente corto, pero la presión política se ha incrementado de forma notable. La proximidad de las elecciones autonómicas y municipales en Ceuta, previstas para dentro de un año, ha incorporado un componente electoral a una crisis que ya estaba marcada por la emergencia humanitaria y la tensión diplomática. El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, ha reclamado en reiteradas ocasiones un plan específico, recursos extraordinarios y un compromiso firme del Estado con la frontera sur, demandas que se han escuchado este 2 de septiembre en las calles de media España.
Madrid se viste de Ceuta: símbolos, edificios y respaldo institucional
La jornada ha tenido también un componente simbólico de gran potencia visual. La Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, fue iluminada con los colores de la bandera de Ceuta en señal de solidaridad con la ciudad autónoma. Este gesto se sumó al de otros edificios institucionales y monumentos en distintas capitales de provincia, donde la enseña ceutí ondeó de forma figurada o literal a lo largo del día. La Puerta del Sol congregó a miles de personas llegadas no solo de la capital, sino también de municipios del área metropolitana, que quisieron arropar a una Ceuta convertida en símbolo de la España que, según los convocantes, «aguanta» frente a la inmigración irregular y la tibieza del Gobierno central.
El respaldo institucional a las concentraciones ha sido notablemente amplio. Dirigentes del Partido Popular, Vox y otras formaciones políticas, así como numerosos alcaldes y presidentes de diputaciones, han acudido a los actos o han difundido mensajes de apoyo a las convocatorias. La Federación de Municipios y Provincias ejerció de paraguas articulador de buena parte de las movilizaciones, lo que otorgó a la protesta un carácter marcadamente municipalista y, por extensión, crítico con la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Algunos gobiernos autonómicos, como el de la Región de Murcia, no dudaron en situarse en primera línea política de la jornada, con la presencia de su presidente y de miembros de su gabinete en los actos celebrados en Murcia capital.
El alcance territorial de la movilización ha sido, según los datos ofrecidos por las plataformas convocantes, muy superior al de cualquier otra protesta reciente vinculada a Ceuta. Más de 260 municipios confirmaron concentraciones, lo que da una idea de la transversalidad geográfica del malestar. A las grandes capitales se sumaron ciudades medianas y pequeños municipios del interior, muchos de ellos gobernados por alcaldes que decidieron secundar la convocatoria al margen de su color político, aunque el grueso de la movilización se concentró en ayuntamientos gobernados por el PP y Vox, las dos formaciones que más han azuzado la crisis contra el Ejecutivo central.
La sombra de la crisis y las derivadas políticas
Más allá de la lectura estrictamente ceutí, la jornada ha dejado varias consecuencias políticas de calado. En primer lugar, ha evidenciado que la crisis de julio sigue muy viva en la opinión pública española y que el Gobierno no ha logrado cerrarla ni en el plano informativo ni en el emocional. En segundo lugar, ha puesto de manifiesto la dificultad del Ejecutivo para articular una respuesta diplomática contundente con Marruecos, especialmente tras el cambio de posición del reino alauita respecto al Sáhara Occidental y el acercamiento estratégico entre Sánchez y el Gobierno de Rabat. En tercer lugar, ha consolidado a Ceuta como un tema de campaña permanente, con la frontera sur convertida en eje de oposición al Gobierno en un momento en que la crisis económica, la inflación y otros asuntos también marcan la agenda.
Especialmente significativa ha sido la coincidencia, apenas unas horas antes de las concentraciones, de la decisión del Gobierno de prohibir las concentraciones previstas en Madrid y Santander en apoyo a Ceuta, una medida que los convocantes y la oposición interpretaron como un intento de acallar la protesta y que, paradójicamente, amplificó su eco mediático. La Delegación del Gobierno alegó razones de seguridad, orden público y sanitarias para justificar la prohibición, pero la decisión fue contestada por los organizadores, que en algunos casos mantuvieron los actos en formatos adaptados o en otras ubicaciones, y por buena parte de la oposición, que la calificó de «censura» y de muestra del «autoritarismo» del Ejecutivo.
La jornada ha servido, en definitiva, para que la crisis de Ceuta saltara definitivamente del ámbito local al nacional. Miles de personas en más de 260 municipios han exigido al Gobierno mayor firmeza con Marruecos, más recursos para la Guardia Civil y la Policía Nacional, un plan específico para los menores no acompañados y una defensa sin matices de la integridad territorial de la frontera sur de la Unión Europea. El Día de Ceuta, que en otras ediciones había transcurrido con un perfil más institucional y festivo, ha quedado este año marcado por la excepcionalidad y por la proyección de un conflicto que, lejos de cerrarse, mantiene abiertas todas sus frentes: diplomático, humanitario, policial y político. Mientras los focos informativos se apagan y los convocantes comienzan a recoger las pancartas, la pregunta que sobrevuela la jornada sigue siendo la misma que se hicieron los murcianos en Águilas y los ceutíes en su frontera: ¿qué más tiene que pasar para que el Gobierno actúe?
